QUITO (AP) — Ecuador volverá en abril a las urnas para una consulta popular relacionada con la seguridad, en la que los ciudadanos decidirán si están de acuerdo con permitir controles permanentes de las fuerzas armadas, endurecer las penas en delitos de narcotráfico o permitir la extradición de ecuatorianos, una propuesta que ya fue rechazada hace un año.
La convocatoria electoral, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa ante la violencia en el país, se realizará el 21 de abril, según confirmó el miércoles el Consejo Nacional Electoral al aprobar el calendario. Tendrá 11 preguntas, una de ellas, a propuesta de la Asamblea Nacional. La campaña durará 12 días.
Este sería el primer proceso electoral de 2024, pero la tercera de consulta popular desde 2023. Hace un año, el gobierno del expresidente Guillermo Lasso también organizó una por temas de seguridad, donde también consultaba sobre la extradición, en la que ganó el “no”.
Además, en agosto, en las últimas elecciones presidenciales que terminó ganando Noboa, los ecuatorianos respondieron sobre la explotación petrolera en el Yasuní y sobre el Chocó Andino.
La nueva propuesta contempla una consulta popular con seis preguntas que no implican reformas constitucionales y un referendo, con cinco cuestiones que requieren una enmienda a la Carta Magna.
Expertos consideran que varias de las preguntas podrían ser tramitadas mediante reformas legislativas y dudan de su efectividad. Aunque abordan principalmente puntos relacionados con la seguridad, también hay tres preguntas sobre otros asuntos: contratos por horas y plazo fijo, el arbitraje como método de solución de controversias y cambios en la administración de justicia en materia constitucional.
Según el planteamiento presidencial, recogido en decretos, en el bloque de plebiscito o consulta popular se interroga a los ecuatorianos si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen un control permanente de armas, explosivos y municiones en rutas, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros penitenciarios.
Actualmente, los controles están a cargo del organismo rector del sistema penitenciario en el perímetro interno de las cárceles y por la policía en el externo. Las fuerzas armadas han ejecutado este tipo de operativos durante los estados de excepción.
Otra pregunta se refiere al incremento de penas en una serie de delitos como el de terrorismo, financiación, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, trata de personas, lavado de activos, actividades de minería ilegal, entre otros conexos al narcotráfico. No especifica a cuántos años sería cada uno.
La posibilidad de tipificar como delito la tenencia o porte de armas cuando éstas son de uso exclusivo de la fuerza pública, está incluida en el pliego de preguntas. El código penal ecuatoriano no los distingue del uso de otro tipo armamentos y se han encontrado en manos de delincuentes armas reglamentarias.
En el plebiscito se decidirá, además, si los detenidos por el cometimiento de los delitos antes mencionados deben cumplir la totalidad de su pena dentro de los centros penitenciarios. El objetivo es que no puedan acceder a beneficios que permiten a los reclusos salir antes de cumplir el 100% de su pena.
Otras preguntas son si se debe permitir que las fuerzas del orden utilicen las armas, municiones y otros artículos que hayan sido incautados a delincuentes, así como el traspaso inmediato de la propiedad de bienes de origen ilícito al Estado, simplificando el proceso para la extinción de dominio.
Esta última, según el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteba Ron, ya estaría incluida en las reformas aprobadas días atrás por la Asamblea en una iniciativa que el propio ejecutivo remitió con el carácter de económico urgente.
En un diálogo con The Associated Press, Ron afirmó que, pese a que las preguntas podrían tramitarse vía legislativa, el mandatario aprovecha dos aspectos en el escenario social: uno “la desconfianza absoluta” en la Asamblea y otra, apropiarse de una consulta popular bajo el discurso de querer “velar por los ecuatorianos”.
Esto le serviría para catapultarse políticamente, pero “no veo cambios trascendentales”, opinó.
En cuanto al referendo que implicaría reformas constitucionales, se plantea permitir la extradición de ecuatorianos —actualmente prohibida en la Constitución—, así como la creación de órganos de administración de justicia especializados en materia constitucional.
Ahora, un juez de cualquier área puede conocer demandas de garantías constitucionales independientemente de su especialidad, lo que ha dado lugar a casos cuestionados en los que delincuentes o exfuncionarios condenados por corrupción recurren a jueces provinciales o locales que les conceden la libertad antes de cumplir su condena.
También se propone reconocer el arbitraje internacional como método de solución de controversias, así como el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas sin afectar derechos adquiridos, que la legislación ecuatoriana no reconoce desde 2015.
Una pregunta adicional para reformar la Constitución, realizada en diciembre pasado en la Asamblea, se incluyó en este proceso y se refiere a la posibilidad de que las fuerzas armadas den apoyo complementario a la policía nacional en el combate al crimen organizado.
Según el constitucionalista y catedrático de la Universidad Politécnica Salesiana, Mauro Andino, las preguntas de consulta popular “son un error” y evitarán que haya un debate más profundo sobre las de reformas constitucionales.
El jurista discrepa con la inclusión en el referendo del reconocimiento del contrato por horas que “precariza” la situación de los trabajadores afectando sus derechos y del arbitraje internacional por el riesgo de afectación a los intereses del Estado, comentó a la AP.
Antes de aprobarse el calendario electoral, la Corte Constitucional se pronunció sobre las preguntas permitidas y aprobó un pliego de 10 de las 20 remitidas por el presidente.
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